ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS Y CRÍTICAS

Por el Dr. Jorge Ronaldo Díaz González
Abogado

Antecedentes del caso

En enero de 2021, Working Bees DR, SRL solicitó al Ministerio de Trabajo la suspensión de los efectos del contrato de trabajo de 80 empleados. Esta solicitud fue rechazada mediante la resolución 18/2021 por la Dirección General de Trabajo, lo que motivó a la empresa a interponer un recurso jerárquico, igualmente rechazado por la resolución 12/2021. Finalmente, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que declinó el caso a la jurisdicción laboral por razones de competencia.

Decisión y fundamentos principales

La Suprema Corte de Justicia ratificó la decisión del TSA y estableció que, aunque el conflicto involucra un acto administrativo, su naturaleza es esencialmente laboral.

Esta decisión se sustentó en la doctrina de la “idoneidad del juez”, según la cual un juez especializado en la materia laboral garantiza mejor la tutela judicial efectiva.

Además, se interpretaron de manera sistemática los artículos 139 y 165 de la Constitución, concluyendo que la competencia de los tribunales contencioso-administrativos no es exclusiva cuando otra jurisdicción más idónea puede conocer el caso.

La Corte subrayó la importancia de garantizar tanto el aspecto procesal como el sustantivo del debido proceso. En este sentido, se destacó que la resolución de conflictos por jueces especializados asegura una justicia no solo formalmente correcta, sino también materialmente justa.

Críticas a la decisión de la Suprema Corte

La sentencia ha generado críticas significativas, centradas en tres aspectos principales:

1. Especialización como criterio determinante:

• La existencia de jueces con formación laboral en la jurisdicción contencioso-administrativa debilita el argumento de especialización para declinar la competencia.
• La especialización debería considerarse desde una perspectiva institucional, no personal.
• Priorizar la especialización por encima del mandato constitucional contradice la jerarquía normativa.

2. Claridad de los textos constitucionales:

• Los artículos 164 y 165 de la Constitución establecen claramente la competencia de los tribunales contencioso-administrativos.
• La resolución del Ministerio de Trabajo se inscribe dentro de las competencias de esta jurisdicción, según el artículo 165.2.

3. Modificación de normas constitucionales por vía jurisprudencial:

• La interpretación de la Corte introduce excepciones no previstas en el texto constitucional, lo que podría considerarse una extralimitación de su poder interpretativo.
• Este enfoque crea inseguridad jurídica y sienta un precedente que podría afectar futuros casos.

Consideraciones adicionales y posibles consecuencias

La decisión, al contradecir disposiciones constitucionales expresas, plantea dudas sobre su validez y coherencia.

La interpretación sistemática no debería servir para modificar normas claras y taxativas, como las relativas a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Además, al establecer criterios abstractos de “especialización” e “idoneidad”, la Corte podría estar legislando indirectamente, lo que contraviene el principio de separación de poderes.

Esta decisión podría generar inseguridad jurídica, debilitar la jurisdicción contencioso-administrativa y fragmentar la jurisprudencia.

Una solución más apropiada habría sido fortalecer la especialización de los jueces dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin declinar su competencia constitucionalmente atribuida.

Conclusión

La sentencia SCJ-TS-24-2520 plantea interrogantes importantes sobre la interpretación constitucional y la distribución de competencias entre las jurisdicciones dominicanas.

Si bien busca garantizar una tutela judicial efectiva, lo hace a costa de modificar indirectamente normas constitucionales claras, lo que podría afectar la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.

Es esencial reflexionar sobre estos aspectos para asegurar una interpretación más estricta y coherente con el texto constitucional, fortaleciendo la justicia sin comprometer su integridad.